Gobernador del Tolima: A responder por contratos celebrados en el marco de la pandemia del COVID-19





La Contraloría General de la Nación (CGR) vinculó este miércoles al gobernador del Tolima, Ricardo Orozco Valero, a una investigación formal por la celebración de tres contratos en el marco de la emergencia del COVID-19, por valor de $2.121 millones.

De acuerdo con el ente fiscal, hubo presuntos sobrecostos en dos contratos de suministros de kits alimentarios y de aseo. Como también el posible pago de mayores valores e intermediación innecesaria en un contrato relacionado con la estrategia de divulgación de campañas contra la pandemia.



El primer proceso de responsabilidad fiscal es de $1.151 millones 562 mil 41 pesos, por presuntos sobrecostos en la ejecución del contrato 0494 del 26 de matzo, por $5.500 millones, celebrado con la empresa Sierra Pineda S.A.S., para la compra de 55.000 kits alimentarios y de aseo.

"La tabla del Dane refleja un valor más razonable para la adquisición de los productos contratados, que, de haberse tenido en cuenta, le habría podido ahorrar al departamento del Tolima el valor que hoy se configura como presunto sobrecosto", indicó la entidad de control.

Además de Orozco fueron vinculados como presuntos responsables fiscales la suspendida secretaria de Salud, Adriana Alexandra Márquez, en su calidad de ordenadora del gasto; y la firma Sierra Pineda S.A.S., representada por José Sierra Ávila, en su condición de contratista.

Por su parte, el segundo proceso es del orden de los $827 millones 533 mil 223, por presuntos sobrecostos en la ejecución del contrato 0531 del primero de abril, por $5.000 millones, para la compra de 50.000 kits alimentarios y de aseo, celebrado con la empresa Enred Group.

"El presunto daño patrimonial se daría a partir de la diferencia existente entre el precio de compra de los kits según las cifras del Dane (Sistema SIPSA) de $3.988.500.000 y el precio de compra del contrato de $4.816.033.223", afirmó la Contraloría.

A este proceso también fue vinculada la secretaria de Salud, además de Gustavo Adolfo Castaño, en su calidad de Director de Infancia y Juventud para la época de los hechos. Y César Augusto Trilleras, en su condición de contratista del mismo.

Y el tercer proceso de responsabilidad fiscal fue tasado en $143 millones, correspondiente al contrato 493 de 2020 suscrito con la firma León Gráficas, por $1.020 millones, que tenía como objeto la prestación de servicios para la ejecución de la estrategia 'Plan de Comunicación-Emergencia COVID 19-2020'.

"La CGR encontró que la labor desplegada por el contratista puede ser calificada como una mera intermediación, consistente en allegar a los medios de comunicación la pauta elaborada y entregada por el Departamento para que fuera transmitida", dijo la entidad.

Lo anterior, pese a que dicha actividad podría haber sido desarrollada directamente por la administración, que contaba con el personal idóneo para ello.

"Sin embargo, la Gobernación del Tolima decidió tercerizar y reconocerle mayores valores al contratista que oscilan entre el 38 y el 55% y no se encuentran justificados", agregó la CGR.

Para la Contraloría, en algunas de las pautas publicitarias se exaltaba la figura del Gobernador y no se cumplía con la finalidad prevista de promoción y prevención en salud en atención a la pandemia ocasionada por el COVID-19.

A este proceso fueron vinculados, además de la secretaria Márquez, Camilo Valencia, quien hace de la Secretaría Administrativa y era el supervisor del contrato; y el contratista León Gráficas.

A su vez, Santiago Barreto, secretario General y de Apoyo a la Gestión; Jorge Bolívar, secretario de Inclusión Poblacional; Fredy Torres Cerquera, Secretario de Ambiente y Gestión de Riesgo, y Alexander Tovar, secretario del Interior, como integrantes del Comité que administra el Fondo de Emergencias del Tolima.

Alcalde de Lérida, en la mira de la Procuraduría

Asimismo, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el alcalde de Lérida, Marco Antonio Ospina Velandia, por presunta omisión en la toma de medidas para prevenir el contagio de coronavirus en el municipio.

Se investiga si el mandatario, en la mañana del 19 de abril, habría desatendido la solicitud de uniformados de la Policía Nacional para evitar aglomeraciones dentro y fuera del Supermercado Orjuela, que de acuerdo con una de las cajeras del local sería de propiedad de su familia.

De acuerdo con la denuncia hecha por el Comando de Policía Tolima, los hechos presuntamente ocurrieron a la vista de varios ciudadanos, algunos de los cuales habrían desaprobado la actitud del mandatario.

En todos los casos de apertura de investigación disciplinaria, los servidores podrán solicitar ser escuchados en versión libre.

Del mismo modo, sigue en firme la suspensión el alcalde de Palocabildo, Nelson Gómez, quien además tiene un proceso vigente en la Fiscalía General por presuntas irregularidades en contratos para el manejo de la emergencia, junto a su secretario de Gobierno.