Cárceles del Tolima recibirán importante inversión del Gobierno Nacional, en medio de la pandemia del COVID-19





Una delegación del Gobierno Nacional, liderada por la ministra de Justicia Margarita Cabello, se reunió con autoridades del Tolima para articular acciones frente al hacinamiento de las cárceles del departamento, y su impacto en la propagación de la COVID-19.

Asimismo, se plantearon soluciones para mitigar el riesgo de contagio y particularmente en relación con el brote presentado en la Penitenciaria de Mediana Seguridad de El Espinal.

"Buscamos las soluciones más eficientes para las problemáticas en temas de justicia que se viven en las regiones", señaló la ministra Cabello.

"Pero eso sí, debemos tener en cuenta que todas las dificultades que tenemos en temas penitenciarios y carcelarios no son de ahora sino que vienen de muchos años atrás. Lo cual, unido a la situación de emergencia que vivimos por el COVID-19, hace mucho más complejo encontrar una solución", añadió.

En cuanto al hacinamiento que tienen algunos centros de reclusión, la alta funcionaria indicó que "para disminuirlo no solo se debe circunscribir esta problemática a la construcción de establecimientos de reclusión o de nuevos cupos. Este es solo uno de los elementos a tener en cuenta, pero se tiene que trabajar en otros frentes".

Los otros asuntos para disminuir el hacinamiento a los que hizo referencia la jefe de la cartera de Justicia son: de un lado, la búsqueda de métodos alternativos en la resolución de conflictos para que los ciudadanos no lleguen a dirimir sus controversias en los estrados judiciales.

Y en segunda instancia, que los jueces, durante el desarrollo de los procesos, solo impongan medidas de aseguramiento intramural en casos excepcionales, cuando la situación jurídica y el caso lo amerite.

A su turno, el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Javier Augusto Sarmiento Olarte, en su calidad de director encargado de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), anunció una inversión de 3.700 millones para los establecimientos penitenciarios de la región.

Los centros penitenciarios beneficiados son los de Guamo, Chaparral, Espinal, Melgar, Purificación, Armero, Fresno, Honda, Líbano e Ibagué, para obras de infraestructura y mejoramiento de las redes hidráulicas y eléctricas.

Las obras

El primer contrato, de $705 millones, es para el mantenimiento y atención a la infraestructura de las cárceles del Guamo, por $129 millones; en Chaparral, por $310 millones; en El Espinal, por $260 millones; en Melgar, por $130 millones, y en Purificación, por $222 millones.

"Haremos mantenimiento y adecuación de las redes hidráulicas, eléctricas de rancho y otras áreas de sanidad. Aquí la inversión es importante, son casi $1.500 millones para el Coiba de Ibagué", dijo Sarmiento.

Según el viceministro de Política Criminal, en el establecimiento de El Espinal también se va a invertir un presupuesto de $982 millones y en El Líbano de $87 millones, en mejoras de los centros penitenciarios.

Más inversión

En este sentido, la ministra Cabello señaló la importancia que tendrá para el sistema penitenciario y carcelario la adquisición de 760 computadores que, bajo la supervisión de la Uspec, se distribuirán entre todas las cárceles del país.

Esto con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020, por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia.

Con este proceso se pretende garantizar la continuidad de los procesos judiciales, y al mismo tiempo, cumplir con las medidas de bioseguridad para mitigar el riesgo de contagio del virus al interior de los establecimientos de reclusión y los centros judiciales.

Otras medidas

Otro de los asuntos abordados en el marco del encuentro fue lo concerniente al vencimiento del plazo de la medida de suspensión de ingreso de condenados,provenientes de las URI y estaciones de policía, a los centros penitenciarios.

Establecido en el Decreto 546 del 14 de abril de 2020, por medio del cual se adoptan medidas para sustituir la pena de prisión en establecimientos penitenciarios por la prisión domiciliaria en el lugar de residencia, a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19.

"A partir de mañana (jueves) se permitirá el ingreso de condenados a establecimientos penitenciarios, lo cual ayudará, de alguna manera a descongestionar y disminuir el hacinamiento de los Centros de Detención Transitoria", dijo Cabello sobre el vencimiento de la medida.

"Solo se trasladarán privados de la libertad, en condición de condenados, a las cárceles que cuenten con cupos disponibles. Y solamente en casos excepcionales, por cuestiones de seguridad, a privados de la libertad en calidad de sindicados", agregó el Viceministro Sarmiento.

Al cierre del encuentro, el gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, agradeció la presencia y disposición de la delegación del Sector Justicia, pues pudo conocer, de primera mano, las necesidades y problemáticas del sistema penitenciario y carcelario del departamento.